Repercusiones en Rumania
El Parlamento de la Unión Europea aprobó la directiva de retorno con la división de los socialistas. Países latinoamericanos y ONG rechazan la norma contra la inmigración ilegal
La directiva- que entrará en vigor dentro de dos años- permite mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses superó el último trámite al ser aprobada por una aplastante mayoría en el Parlamento Europeo, que no aceptó ni una sola enmienda. El texto- que también autoriza a enviar a menores a países distintos de los de origen- fue aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.
A los grupos de la derecha -Partido Popular Europeo, que aportó 217 votos, y la Europa de las Naciones, 40- se sumaron 57 votos de los liberales y 34 de los socialistas, 16 de ellos españoles. Los votos contra la directiva, que impide a los expulsados volver a entrar a la UE en cinco años, llegaron de las filas socialistas (100 papeletas), de la Unión de la Izquierda Europea (37) y de Los Verdes (36).
La directiva podrá ser aplicada a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que, según la Comisión Europea, se encuentran en Europa. Más de 200.000 fueron detenidos en el primer semestre de 2007, de los que menos de 90.000 fueron expulsados.
La votación despertó una inmediata reacción de repulsa en las repúblicas latinoamericanas y las organizaciones humanitarias.
Miles de inmigrantes rumanos proyectan el regreso a su país tras la adhesión a la UE.
Las asociaciones civiles rumanas asentadas en la Comunidad Valenciana esquivan los mensajes triunfalistas sobre la entrada de Rumanía y Bulgaría en la Unión Europea. Prefieren incidir en la oportunidad que supone este hecho histórico para la integración de los inmigrantes en España, y a largo plazo su retorno a Rumanía para contribuir a la reconstrucción del país.
Desde la Federación de Asociaciones Rumanas de Cataluña y Levante, que preside Dan Ionita, se van a redoblar esfuerzos para implicar a la comunidad rumana, por lo general desmotivada en cuanto al ejercicio de sus derechos electivos, en su nueva responsabilidad como ciudadanos europeos. La preocupación por abrir bibliotecas rumanas o construir una fundación pasarán a segundo término para centrarse en incitar a los rumanos a inscribirse en el censo antes del próximo 31 de enero. «Estamos felices por nuestros nuevos derechos como miembros de la UE, pero eso implica también la toma de responsabilidades tanto para los rumanos como para los gobernantes. Hay que hacer sacrificios y adoptar una actitud de seriedad, porque los inmigrantes somos los verdaderos embajadores de nuestro país en el extranjero», apunta Ángela Placsintar, presidenta de la Asociación de Inmigrantes de los Países del Este.